Trudeau hizo de la prohibición de las armas de asalto una promesa de la campaña electoral que lo llevó al poder en 2015, y que reiteró durante los comicios de octubre pasado.
No obstante, este asunto generaba divisiones en el seno de su Partido Liberal entre legisladores urbanos y rurales, lo que postergó la decisión hasta la matanza de Nueva Escocia, que también se cobró la vida de un agente de la federal Policía Real Montada.
“Muchas personas a lo largo del país usan armas de fuego de manera legal y responsable, ya sea para trabajar o para cazar. Pero no se necesita un AR-15 para disparar a un ciervo”, dijo Trudeau.
Agregó que los propietarios de armas de asalto “respetuosos de la ley” gozarán de una amnistía de dos años para adaptarse a las nuevas normas y que el parlamento eventualmente aprobará una ley para compensarlos por la entrega de sus armas.
En efecto, su gobierno planea introducir pronto un proyecto de ley para ofrecer “una compensación justa” a los propietarios de las armas ahora prohibidas. Pero los sobrevivientes de las matanzas dicen temer que este programa de compra termine no siendo obligatorio.
En Canadá hay actualmente más de 100.000 armas en circulación entre los modelos ahora prohibidos, según el gobierno.
Más de cuatro de cada cinco canadienses apoyan esta prohibición, según un sondeo del Instituto Angus Reid realizado entre 1.581 personas entre martes y jueves, y divulgado este viernes.
Nota original: Semana